Un manifiesto de la ciencia colombiana para el próximo presidente
Los científicos y educadores más renombrados del país firmaron el documento "Desafíos 2030", una propuesta de política pública para educación, ciencia y tecnología, medio ambiente y regalías, dirigida a los candidatos a la presidencia.
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| El Manifiesto de la ciencia hace hincapié en la educación y la ciencia como camino para consolidar la paz, entre otros. |
Convocados por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 31 académicos con diferentes experticias y trayectorias se reunieron en Paipa, Boyacá, a finales de enero, para discutir sobre cómo debería ser Colombia en materia de ciencia y tecnología, educación, medio ambiente y regalías.
“Dar respuesta a estos asuntos, supone romper miradas simplistas y focalizadas, e implementar medidas estructurales y sistémicas de amplio alcance para lograr transformaciones profundas que nos permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030”, dice el documento. La duda no es modesta.
Para responderla, médicos, ingenieros civiles, geógrafos, ornitólogos, biólogos, químicos (y otras profesiones) de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Academia Nacional de Medicina, Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”, Universidades del Valle, de Ibagué, Nacional, Javeriana y Andes, reunieron sus apreciaciones en el documento “Manifiesto de la ciencia: Desafíos 2030” una serie de 45 propuestas concretas: 13 en ciencia y tecnología, 17 en educación y 15 en medio ambiente.
El mensaje que envían a los candidatos y que encierra el espíritu del documento se esconde en un párrafo, casi al principio del manifiesto: “es necesario que vuelvan a concentrarse de manera sintética y directa, para que por fin pasemos del análisis de rutas de desarrollo, poniendo a disposición el recurso renovable y multiplicable más importante de cualquier economía: el conocimiento”.
“El futuro es la ciencia”: Ciencia y Tecnología
Las observaciones de los académicos y científicos son duras. “Carecemos de un verdadero sistema y de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que incluya a todos los actores y establezca mecanismos de coherencia entre la política educativa, la industrial, y la de ciencia y tecnología. Esta política debería ir acompañada de recursos para un razonable desarrollo de la CTI”. También mencionan la falta de liderazgo de Colciencias, la poca inversión en ciencia y tecnología (que es poco más del 0.2% del PIB nacional), y la manera deficiente en que consideran que funciona el Sistema General de Regalías en materia de Ciencia y Tecnología, “que en más de una ocasión, ha desalentado a la comunidad científica con proyectos que no tienen relación ni pertinencia alguna para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNTI)”.
Por ejemplo, cerca del 70% del presupuesto de Colciencias se destina a financiar becas de doctorado en el exterior. Sin embargo, no hay recursos para dar empleo a los jóvenes doctores cuando se gradúe ni para fortalecer a las entidades del Sistema y mejorar la financiación para proyectos. Solo el 15,01% del presupuesto de Colciencias se invirtió en investigación y apenas el 4,66% en innovación.
Entre sus propuestas para Ciencia y Tecnología, está crear una estructura en la que tengan asiento el Estado, el sector productivo y la comunidad científica; creando un Organismo Colegiado de alto nivel (un Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación) que integre distintos sectores y regiones del país (y en donde Colciencias actuará como administrador de ciertos recursos y fondos), la búsqueda de proyectores regionales de Ciencia, Innovación y Tecnología y la apertura de un fondo de inversión territorial para esos proyectos, entre otros.
Como señala la periodista Lisbeth Fog, el Manifiesto de la ciencia apoya el proyecto de ley que cursa en el Congreso actualmente y pretende enderezar el proceso para adjudicar los dineros a proyectos de investigación científica, modificando el parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política.
“La educación es el camino para consolidar la paz y el desarrollo”
En 1995, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo concluyó el informe final que entregó al Presidente César Gaviria. El documento contenía un balance del estado de la educación en ese momento y un conjunto amplio de recomendaciones para que se conformara una “masa crítica” de científicos que aportaran al país. Los firmantes de “Desarrollo 2030” reconocen que se han hecho avances tras 23 años de ese informe: la gratuidad y la complementariedad de los servicios han tenido un impacto importante para asegurar el derecho a la educación básica; en tanto el apoyo y la expansión, en especial del Sena, han permitido aumentar la cobertura en educación superior. Lo mismo sobre la calidad. “Pero la educación no ha logrado generar todavía los cambios profundos que requiere nuestra sociedad”.
En educación inicial, Colombia está por debajo del promedio alcanzado por América Latina. Según la UNESCO, para el año 2013, más de la mitad de los niños entre 3 y 6 años en América Latina asistía a la educación inicial y dicho porcentaje se elevaba al 66% para el Caribe. Por el contrario, en Colombia la matrícula tan solo cubría al 33% de los niños, siendo superado por la mayoría de países de América Latina y del Caribe.
Entre sus 17 propuestas se encuentran diseñar una política de educación y ciencia a largo plazo, mejorar los criterios para seleccionar al ministro y a los directivos sobre quienes recaen las decisiones de política pública a nivel nacional y regional, reformular los modelos pedagógicos de los colegios de Colombia, “dado que la gran mayoría de los niños y jóvenes hoy no alcanzan niveles aceptables de lectura crítica ni argumentación, se sugiere una modificación curricular que priorice el pensamiento, el análisis y la interpretación”, cambiar la manera en que se forman los docentes y adherir al pacto por la niñez ¡Niñez Ya! (que aboga por que ningún niño o niña muera por desnutrición, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias), entre otras.
Tal vez la propuesta más contundente tiene que ver con el programa Ser Pilo Paga: ”no debe ser el eje de la política de educación superior para Colombia y mucho menos convertirse en política de Estado sin una reestructuración previa que le permita fortalecer la educación pública superior”.
“Urge superar la crisis ambiental”
Desenredad este problema puede ser uno de los más complejos. Colombia ocupó en el 2018 el puesto 42 en el escalafón ambiental global (según el Índice de Desempeño Ambiental – EPI). Los firmantes reconocen que en 1984, Colombia contaba con 65.000 metros cúbicos de agua, por persona, por año. “Si continuamos así, en 40 años llegaremos a 1.000 metros cúbicos por persona. Escasez, según Naciones Unidas”. Para eso piden protección de las cuencas que abastecen acueductos, educación sobre el uso del agua, tratamiento de aguas residuales y recuperación de paisajes.
También mencionan la urgencia para proteger la biodiversidad, sobre la importancia del campo (no solo de las ciudades) y sobre la transición energética. “Si logramos cumplir los compromisos suscritos por Colombia en el Acuerdo de París -a pesar de que nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son apenas 0,42 por ciento de las globales- daríamos una señal de confiabilidad y seriedad, que nos permitiría participar en la lucha contra el cambio climático en el escenario global”.
Para ello, proponen controlar todas las actividades que vayan en detrimento de la calidad del ambiente marino, tomar medidas para revertir la tendencia al agotamiento del recurso pesquero, controlar hasta erradicar elementos tóxicos como plomo, mercurio, cadmio y e incluso asbesto; reducir la deforestación y generar información científica sobre la riqueza biológica del país, evaluar el potencial hídrico, energético, farmecéutico y recreativo de los paisajes de Colombia, impulsar la participación ciudadana en temas ambientales y atacar la corrupción que, mediante diversas expresiones (omisión para el cumplimiento de normas ambientales, contravención de leyes en la adjudicación de licencias ambientales, entre otras), ha impedido tener una calidad ambiental que soporte adecuadamente el bienestar de los colombianos, entre otras.
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